Desde el SUTPLA-CTA (Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria) adherido a la CTA de Río Negro, expresa su repudio a las declaraciones del Ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, publicadas por el portal digital ADN, donde se consigna que la situación de los motines en Viedma “se habría iniciado con participaciones que tienen que ver con cuestiones políticas dentro de la institución y este supuesto sindicato que se quiso armar”, en referencia a SUTPLA.
Desde el SUTPLA-CTA de Río Negro, sostienen: “El Ministro de Gobierno falta a la verdad, afectando la honorabilidad y poniendo en riesgo la vida de todas las personas involucradas en esta organización que están en contexto de encierro, al mezclar indiscriminadamente lo sucedido en la Unidad Penal N° 1 con lo sucedido en la Alcaidía, y no podemos aceptar que se trata de una confusión de su parte, pues no desconoce que el SUTPLA-CTA solamente tiene afiliados en la Unidad Penal N°1 de Viedma, es decir, trabajadores que han sido condenados. El SUTPLA-CTA no acoge en su seno a personas procesadas, y que son alojadas en la Alcaldía, que es donde han sucedido en los últimos meses, motines, situaciones violentas, quema de colchones y fugas atribuibles a las situaciones de encierro infrahumanas.
“El Ministro, con su rango, no debería ignorar las consecuencias de sus declaraciones, que en la cultura carcelaria pueden tener un impacto impensado. Por lo tanto, lo hacemos responsable de cualquier deriva violenta, malos tratos y daños en la salud y riesgo contra la vida de todos y cada uno de nuestros afiliados”.
Cabe recordar que el Gobierno de la provincia de Río Negro ha reconocido al SUTPLA-CTA por intermedio del Acta-Acuerdo del 16 de Agosto del 2013, suscripta por el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Daniel Badie. En dicho acta el Gobierno de la Provincia de Río Negro reconoce numerosos problemas laborales de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria alojados en los establecimientos penitenciarios de la Provincia de Río Negro, tales como “la falta de tareas, las deplorables condiciones de trabajo, la falta de pago de salarios o la insuficiencia de dichos pagos, la inexistencia de medidas y elementos de seguridad e higiene laboral, la falta de cobertura frente a Riesgos del Trabajo, la falta de pago de las asignaciones familiares y la carencia de obra social, entre otros”.
“El Ministro Di Giácomo con sus declaraciones busca chivos expiatorios, tanto en el SUTPLA-CTA como en las organizaciones de trabajadores penitenciarios, para ocultar su propia responsabilidad denunciada por muchos hábeas corpus presentados por los trabajadores privados de la libertad ambulatoria, las denuncias de los sindicatos de trabajadores penitenciarios, como así también, varios fallos judiciales que obligan a generar condiciones de dignidad en las cárceles”, sostienen desde el gremio de trabajadores privados de su libertad.
Asimismo, agregan: “Desde la creación del Servicio Penitenciario provincial (SPP), la Policía siempre tuvo su control. El nombramiento de comisarios para el Penal de Viedma y Cipolletti, denota un nuevo giro de la política de seguridad penitenciaria hacia el paradigma anterior. Creemos importante profundizar la reforma civil del servicio penitenciario. No es función, ni es parte de la formación policial la materia penitenciaria. Los resultados de la administración policial los tenemos a la vista con el listado de muertos, motines, fugas y agravamiento de las condiciones de encierro. La aplicación de la pena requiere agentes preparados en educación, formación laboral, cultural, socio-laboral, etc. Se necesita otra preparación y otra cultura institucional que no es la policial, cuya gestión del SPP es una de las causas de su fracaso histórico. De proseguirse en este camino, donde la policía controla los penales, el Estado rionegrino violaría las normativas internacionales en la materia”.
“La crisis penitenciaria no se resuelve negando los derechos a los trabajadores privados de la libertad ambulatoria, militarizando los penales y dificultando el acceso de las asociaciones civiles a los establecimientos. Esto nos coloca en el pasado neoliberal con respecto al problema de la seguridad penitenciaria, y agudizará aún más la crisis, que puede resolverse generando una mesa de trabajo donde participen los tres poderes del Estado, las organizaciones sindicales y las ONGs de DDHH para diagramar y discutir la política criminal provincial”, apuntan en el texto, firmado por Cristian Valenzuela, secretario general del SUTPLA de Viedma y por Luis Giannini, secretario general de la CTA de Río Negro.