Otra vez un embarazo producto de una violación y una víctima que, frente a la vulneración de sus derechos, no encuentra refugio alguno ni en el sistema de salud ni en la Justicia.
Esta vez, el caso es de una nena de once años, de Entre Ríos, que al manifestar un malestar estomacal, es llevada al médico por su mamá. Allí se enteran que estaba embarazada de once semanas. En ese momento,además, la familia se entera del abuso. Entonces la mamá dice que su hija es una niña con cuerpo de niña y que no puede seguir la gestación.
Pero frente a su pedido de interrupción del embarazo se encuentra con el primer problema: el sistema de salud en lugar de darle la respuesta inmediata que le tiene que dar, le cierra las puertas. Los médicos le dicen a la mamá de una nena violada, cuyo caso contempla el Código Penal (artículo 86 incisos 1 y 2), que vaya a pedir la autorización para la intervención de la Justicia, en una clara actitud de no hacerse cargo de su obligación profesional. Frente a esto, la mujer busca una abogada, acude a la Justicia y ahí nos encontramos con la una cadena de revictimizaciones que todavía no cesan. Una institución de salud que debe dar inmediata respuesta a este pedido, se lo niega. Un Juez, dice en declaraciones públicas que no sabe si va a tener tiempo para opinar en el tema. Y se toma todo el tiempo del mundo, frente a una gestación que avanza y que tiene límites para ser interrumpida. Y una nena que está viviendo esta situación con muchísima angustia y que en todo momento plantea que quiere volver a “antes” de que le haya pasado todo esto.
A su vez, las declaraciones del Ministro de Salud entrerriano, Hugo Cettour, médico cirujano, que señala que “la naturaleza es sabia” y que una vez que una mujer tiene menstruación, puede ser madre. Esto es muy alarmante. Sólo podemos hablar del período de preñez en los animales. Las personas vivimos otros procesos físicos, psíquicos, sociales respecto de las posibilidades de la maternidad. Una cosa es el dato biológico de la ovulación,que también en las personas está atravesada por la cultura, y otra cosa muy distinta es la maternidad. Incluso en este caso, ni siquiera se trataría de un embarazo adolescente, como también sugirió el Ministro Cettour, porque estamos hablando de una niña de 11 años. Lo más grave de un funcionario público con rango ministerial es la ignorancia respecto a la ley vigente. Porque es absolutamente legal el aborto en los casos de violación.
Y en situaciones como esta, puede plantearse la no punibilidad, por el grave problema que implica para la salud psiquico-física de la niña. Lo dice el Código Penal, que es de 1921, pero además el Ministerio de Salud de la Nación tiene dos instrumentos para intervenir en estos casos: la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, y uno último presentado en noviembre de 2011, que es un Protocolo para la atención de las mujeres en los casos de violación. Ahí claramente se señala que los profesionales de la salud frente a un caso de embarazo producto de una violación, deben decirle que tiene derecho a acceder a un aborto. Y lo dice con palabras textuales, para que quede claro.
Frente a este hecho, nos encontramos otra vez con que está el marco legal que ampara estos casos, pero están quienes no cumplen la ley. Quien pueda tener dudas de qué hacer frente a determinadas situaciones es la propia víctima, no el profesional que la atiende. Si el profesional que la atiende no le dice todas estas cosas, está incumpliendo con sus deberes de funcionario público. Además, no está garantizando un derecho y está volviendo a vulnerabilizar a alguien que ya viene de una situación vulnerable. Quien no cumple este protocolo, es además irrespetuoso de las leyes y de los tratados internacionales. En marzo de 2011 nuestro país fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por un caso similar a este. En el dictamen el Comité señala claramente que cuando una mujer -y acá estamos hablando de una niña que está en pleno desarrollo- es sometida a tener relaciones sexuales y obligada a continuar con ese embarazo, supone un trato cruel, inhumano y degradante. Forzar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación, casi se lo puede asemejar con la tortura. El incumplimiento en estas situaciones vulnera derechos básicos como son el derecho a la salud, la intimidad, la no discriminación y la igualdad.
Cabe preguntarse y repensar por qué este tema gana la agenda pública nacional. Porque algo que se debería resolver en la atención médico – paciente en el mismo momento que se conoció no se hizo. Todas las especulaciones, los debates públicos, el accionar del área de Salud de la Provincia de Entre Ríos, de la Justicia, inclusive las declaraciones del Ministro de Salud Entrerriano, el silencio del Ministerio de Salud de la Nación, no están hablando de la ley vigente, ni de los derechos que asisten ala niña o cualquier mujer que tiene una gestación producto de una violación,para lo que está claro el Código Penal y protocolos de actuación.
En realidad se trata de una imposición concretada desde el propio posicionamiento y las creencias de las personas intervinientes. Decir que “la naturaleza es sabia”, con lo que la niña puede quedar embarazada y continuar hasta el final la gestación, es una expresión del discurso religioso que asocian la naturaleza a algo divino, donde los hombres y las mujeres no intervenimos ni tenemos poder ni de decisión ni de discernimiento.
Es parte de un pensamiento tan retrógrado que no resiste el menor análisis.En la práctica está operando una forma encubierta de objeción de conciencia, que como forma del abuso de poder, esconde su verdadera posición y su objetivo final: priorizar la vida del embrión/feto y privar a esta niña del derecho a interrumpir el embarazo. En una evidente subvaloración de su vida y des-subjetivación. El informe médico que presentó el Ministro de Salud Provincial evidencia que sólo miran un aparato reproductor, sin importar la persona.
Para que no se perpetúe y quede impune la violación de los derechos de esta niña, que requiere respuestas desde las instituciones del Estado y sus políticas públicas, resulta imprescindible quede manera inmediata se deje de judicializar el caso y que tenga una atención de la salud adecuada, que se realice sin dilaciones la interrupción de la gestación solicitada, de manera respetuosa de su intimidad y sus derechos. También nos queda pendiente como sociedad movilizarnos para que se sancione debidamente a los funcionarios que actuaron de esta manera, como una forma imprescindible para que estas historias no se repitan.