Doce organismos presentaron la solicitud ante el juez porteño Tavosnanska. Consideran que existe “persecución gremial” contra los metrodelegados, acusados de entorpecer la circulación.

Representantes de organismos de derechos humanos solicitaron al juez en lo Penal, Correccional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires Norberto Tavosnanska que los incluya como amicus curiae en la causa en la que un grupo de metrodelegados está acusado de entorpecer la circulación del subte. Los referentes consideran como un hecho de “persecución gremial” la acusación en contra de los trabajadores afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) impulsada por el Ministerio Público Fiscal y advierten que, de continuar, “no sólo no resuelve conflicto alguno” sino que además generará responsabilidades internacionales para el país “por la violación a los derechos y garantías de las y los trabajadores”.

El pedido fue presentado a fines de diciembre pasado y lleva la firma de referentes de los 12 organismos de derechos humanos que integran la mesa nacional que, en pos de su “reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos” en el país, piden al juez que los integre a la causa para incorporar elementos que “puedan constituirse en un aporte de valor y de ayuda a la más justa resolución de la causa”.

Según explicó a este diario Eduardo Tavani, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y abogado patrocinante del pedido, los 12 organismos “estimaron que se justificaba su intervención en un caso que trasciende a las partes involucradas y tiene un claro interés público”. “Están en juego derechos fundamentales de raigambre constitucional que la fiscal (Celsa Rodríguez, a cargo de la acusación), violentó”, indicó, y agregó: “La Mesa de Organismos de Derechos Humanos no ha permanecido indiferente y ha denunciado en todos los foros medidas, tan en boga en este tiempo, que impulsan la criminalización de la protesta o cuando, como en este caso, se pretende privar a un colectivo de trabajadores agremiados, de derechos reconocidos además en Tratados y Convenciones específicas de las que el Estado argentino es signatario”.

Además de la APDH, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Amigos y compañeros de Los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte cuyo aporte a la causa “reviste alcances netamente humanitarios”, señaló Tavani. “Es por eso que estamos muy atentos, aguardando una justa resolución en este proceso”, añadió.

En el pedido, los organismos peticionantes indicaron que “resulta preocupante la persecución criminal de acciones claramente enmarcadas en el ejercicio del derecho de huelga” que, entienden, engloba la acusación realizada en septiembre pasado y que recayó en dirigentes, delegados y trabajadores afiliados al sindicato del Subte, a quienes señaló como partícipes de una “asociación ilícita que tiene el propósito de llevar a cabo actividades ilícitas”.

El núcleo de la acusación fiscal es el plan de lucha que los metrodelegados desarrollaron a mediados de 2018 para que tanto la empresa Metrovías como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires incorporara a su sindicato a la mesa de negociación de aumento salarial. Entonces, los metrodelegados liberaron los molinetes y llevaron a cabo paros escalonados y por línea para insistir en que fueran citados a la negociación, medidas a las que la empresa y el Ejecutivo de CABA respondieron con sanciones. En mayo, la situación culminó en represión y 16 trabajadores y delegados detenidos. La orden la emitió, también, la fiscal Rodríguez.

“La fiscal ha imputado penalmente a los defendidos como integrantes de una asociación ilícita por el simple hecho de participar activamente en una asociación sindical” que llevó a cabo medidas de fuerza en “un contexto nacional de grave situación económica y social que afecta notoriamente a la clase trabajadora”, indicaron los organismos. En ese sentido, hicieron hincapié en que “resultaría de suma gravedad que este proceso penal se dirija hacia la consagración de la criminalización del derecho a huelga y la protesta social”.

La acusación de la representante del Ministerio Público “reviste una inusitada gravedad (ya que) no sólo se desconoce la representación gremial de un sindicato que se encuentra regular y legalmente inscripto (si no que) violenta gravemente el derecho de asociación”, puntualiza el texto, una acción que “no sólo no resuelve conflicto alguno, sino que, de prosperar, habrá de generar responsabilidad internacional para el estado argentino por la violación a los derechos y garantías a las y los trabajadores”.

Fuente: Página/12

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