El proyecto de reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo que tiene media sanción del Senado no contiene los cambios que los trabajadores necesitamos y sobre los cuales CTERA y CTA han hecho propuestas largamente debatidas.
Las reformas se reducen a una mejora en el monto de las indemnizaciones y la eliminación de la mal llamada doble vía. Esto equivale a decir que el trabajador si decide litigar por no estar conforme con el dictamen que determina el grado de discapacidad que le deja como secuelas el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, deberá abstenerse de recibir la indemnización e iniciar juicio excluyentemente en el fuero civil que no se conduce con los mismos criterios favorables a los trabajadores que sí tiene el fuero laboral.
Es necesario contar con una norma que tenga su eje en la prevención de los riesgos de trabajo y en el contralor del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los establecimientos laborales. Los dispositivos de prevención y contralor además deben ser implementados con participación de los trabajadores organizados, que tienen que ser parte del diseño la implementación y la evaluación de estos procesos.
La litigiosidad es el correlato de la siniestralidad, y esta a su vez de la falta de cumplimiento de las normas básicas de seguridad e higiene por parte de las empresas. Sólo el Estado en alianza con los sindicatos puede ponerle coto a la voracidad empresarial.
Necesitamos una ley que vele por la salud de los trabajadores, junto con un combate a fondo de la precariedad laboral y el trabajo no registrado ya que aún existe un 34% de la población ocupada que está en condiciones de irregularidad, sin ninguna protección de seguridad social ni salud laboral.