El 9 de febrero comenzó el juicio donde serán juzgados dos civiles y tres militares por el secuestro, torturas y asesinato de Carlos Alberto “El Negro” Moreno quién se desempeñó como abogado laboralista de la Asociación de Obreros Mineros Argentino (A.O.M.A). Mientras se realizaba la audiencia en la Universidad del Centro de Tandil, militantes de derechos humanos y vecinos se manifestaron en la plaza Independencia.
Carlos Alberto Moreno, militaba en la Juventud Peronista de Olavarría, fue secuestrado en abril de 1977 en la ciudad de Olavarría yllevado a Tandil donde estuvo en cautiverio en la una chacra propiedad de los hermanos Méndez, que funcionó como centro clandestino. En mayo de ese mismo año logró escapar, pero fue capturado nuevamente y luego asesinado.
Moreno se desempeñaba como abogado laboralista y estaba trabajando sobre las malas condiciones de trabajo en la cementera Loma Negra, que estaba en manos de Amalia Fortabat por esa epóca.
Matías Moreno, hijo de Carlos, señaló que “las Fuerzas Armadas tenían entrada libre, armaron listas negras y los cuerpos de delegados fueron detenidos y despedidos. La empresa, además, se benefició económicamente con la dictadura, por ejemplo con la reconstrucción de los estadios para el Mundial de Fútbol de 1978. Matías, quién participó de la actividad que se realizó frente a los tribunales, manifestó que su padre había investigado que los trabajadores la sección embolsadora no llegaban a jubilarse, morían antes y puntualizó “descubrió que la silicosis (una enfermedad por el depósito de polvo en los pulmones) les acortaba la vida y los comenzó a representar. A partir de este patrocinio, lo secuestraron”.
La historia de Loma Negra es similar a la del ingenio azucarero Ledesma (que en la Noche del Apagón marcó a sus trabajadores, usó sus camiones para secuestros y sus instalaciones como centro clandestino de torturas y desapariciones) y otras empresas como las automotrices Mercedes Benz Benz y Ford, acusadas por los sobrevivientes de colaborar activamente en los secuestros y posterior desaparición de empleados.
Los imputados son: el ex teniente coronel Julio Alberto Tomassi (responsable del área militar 121), el ex Mayor Roque Ítalo Pappalardo, el ex suboficial José Luis Ojeda, como coautores de los delitos. Los tres tienen prisión preventiva. Los civiles imputados Julio y Emilio Méndez, quienes están en libertad y serán juzgados como partícipes secundarios.
El Tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela. El debate se desarrollará en el Aula Magna de la Universidad del Centro, General Pinto 399, Tandil. Las audiencias se realizarán los jueves y viernes desde las 10:00 horas. El juicio es oral y público, por lo que podrán concurrir a las audiencias las personas de 18 años de edad o más, acreditándose con su DNI o cédula.
Fuente: SUTEBA y Página 12