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A 10 AÑOS DE LA DETENCIÓN ARBITRARIA DE MILAGRO SALA
Este 16 de enero se cumplen diez años de la detención arbitraria e ilegal de nuestra compañera Milagro Sala, integrante de la Mesa Nacional de la Central de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T) y dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru.
Milagro fue detenida por ser mujer, pobre, negra, indígena y militante social. Su caso constituye un claro ejemplo de persecución política y judicial en la Argentina contemporánea, calificado como tal por organismos internacionales de derechos humanos.
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 luego de encabezar un acampe pacífico frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Su prisión se sostuvo gracias a un entramado de causas judiciales, prisiones preventivas extendidas y reencuadres procesales. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas provisionales, ordenando al Estado argentino garantizar su vida, integridad personal y salud debido a su estado de "extrema gravedad y urgencia", y sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario. Actualmente, el gobierno nacional busca la derogación de estas medidas, mientras su salud continúa deteriorada al punto de requerir su hospitalización.
La Justicia jujeña la condenó a 13 años de prisión en la denominada "Causa Pibes Villeros", fallo que la Corte Suprema dejó firme en diciembre de 2022. Otra causa por amenazas sumó 2 años más. En 2023, un tribunal de Jujuy unificó ambas condenas en 15 años, decisión posteriormente validada por la Corte Suprema de la Nación. Esta acumulación de procesos evidencia un patrón de hostigamiento judicial, donde se la declaró incluso "rebelde" por no poder asistir a una audiencia mientras se encontraba internada. Organismos como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas han calificado su detención como arbitraria y pedido su liberación.
Al cumplirse diez años de una detención arbitraria, expresamos una vez más nuestra solidaridad con la compañera Milagro, exigimos el cese inmediato de esta persecución política a través de la vía judicial, denunciamos el hostigamiento que ha puesto en riesgo su integridad física y, por encima de todo, exigimos su libertad inmediata e incondicional.
Enrique Rositto
Secretario de Comunicación
Hugo Yasky
Secretario General
