A 20 años del No al ALCA, Mar del Plata vuelve a ser el faro de la integración de los pueblos

Los sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de los pueblos fueron protagonistas a lo largo del proceso de Cumbres de las Américas iniciado en la última década del siglo pasado. En consonancia con la organización y la movilización en las calles, los gobiernos populares de entonces sellaron el sentir de nuestros pueblos al rechazar una nueva avanzada de Estados Unidos para someter a América Latina y el Caribe.

Veinte años después, asistimos a un mundo más desigual, más injusto y autoritario: un orden internacional obsoleto y que se resiste a una reformulación democrática; primacía del sector financiero especulador, digitalización de la economía y concentración de la propiedad y distribución de las cadenas de producción y, como contrapartida, los retrocesos para la clase trabajadora y los sectores más vulnerados, así como la pauperización de gran parte del pueblo de las Américas. La deuda externa afecta dramáticamente a los países de ALC condicionando su desarrollo y sus inversiones en protección social, educación y salud. En promedio, la deuda externa e interna afecta el 37% de su PBI anual y los países tienen cada vez menor autonomía para definir su estrategia de desarrollo y mucho menos, su modelo de integración regional. Los países centrales se disputan mercados a través de acuerdos que condicionan la capacidad de desarrollo endógeno, su independencia económica y profundizan la primarización de la economía y la tradicional división internacional del trabajo en el orden global.

Gobiernos de ultra-derecha responsables de guerras cruentas, genocidios, deportaciones masivas, políticas migratorias, que promueven nuevas formas “legales” de esclavitud, a la vez que exacerban en su versión libertaria, su imperialismo, sus narrativas de odio, cooptación del poder judicial y emergencia de Estados de Excepción que destruye las democracias y cercenan las libertades fundamentales, los derechos humanos y la soberanía de la región.

Las organizaciones libres del pueblo, nos encontramos aquí, a veinte años del No Al Alca, para reivindicar ese hito histórico y para reafirmar nuestro compromiso de lucha contra este orden internacional y los neofascismos que azotan a nuestros pueblos.

Por eso:

1. Reivindicamos nuestra región como zona de paz y no proliferación nuclear, que es nuestro aporte latinoamericano a un orden mundial más justo e impulsamos el fortalecimiento de la integración regional.

Un aporte fundamental e innovador de la diplomacia latinoamericana para la construcción de un orden internacional más justo y seguro fue el posicionamiento que surgió de la II Cumbre de la CELAC celebrada en La Habana en enero de 2014. Allí se proclamó a nuestra región como zona de paz y se reafirmó el compromiso de nuestros Estados a no intervenir en los asuntos internos de otro y de observar los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos en consonancia con la promoción de una cultura de paz, amistad y cooperación entre nuestras naciones.

Somos por convicción, una región de paz y sin embargo, estamos siendo amenazados por la nueva avanzada del Gobierno de Estados Unidos, que no le alcanza con la sumisión económica y la dependencia de sus vecinos, sino que ahora renueva su vocación armamentista e intervencionista con un despliegue militar en todo el Caribe, en particular con la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Igualmente amenazante, es el empecinamiento imperial de Washington en castigar a Cuba, a su pueblo y su revolución con un bloqueo económico, comercial y financiero condenado e innumerables foros internacionales. Los pueblos de ALC reafirmamos nuestra condena a este atropello criminal y nefasto y nos solidarizamos con este pueblo hermano y con todos los pueblos hoy sujetos a formas de guerra y coerción económica.

Así, el genocidio al que está siendo sometido el pueblo palestino desde hace dos años, la extendida guerra de Ucrania y los conflictos bélicos en Etiopía, Sudán, Myanmar, Yemen, Siria, Somalia y la República del Congo son escenarios donde la nueva disputa del orden mundial de las potencias militares pone en jaque la propia supervivencia del planeta y de la humanidad.

Nosotros, los pueblos de las Américas expresamos nuestra solidaridad para el pueblo de Haití que sufre el conflicto urbano armado y donde los gobiernos de ALC no adoptan una política común de ayuda humanitaria y de cooperación para el desarrollo de nuestra hermana Haití. Exigimos el fin de las guerras y la proliferación del gasto armamentista, en detrimento de la inversión social, la eliminación de la pobreza y la generación de trabajo decente. Nuestra visión de la paz, el desarme y la seguridad humana común sólo puede hacerse realidad a través de una acción colectiva, tal como lo promueve el movimiento sindical internacional y los movimientos sociales y políticos.

Hoy debemos advertir y estar en guardia ante las políticas de securitización y militarización de nuestro Continente. Se vuelve crítico enfrentar mancomunadamente la tendencia a abordar cuestiones complejas tales como las migraciones, el acceso a bienes naturales críticos para sectores energéticos, industriales y tecnológicos, el narcotráfico, entre otras, como amenazas a la defensa que solo pueden ser respondidas por la fuerza. Estos discursos se vuelven vías de injerencia e intervencionismo que amenaza con arrastrar a nuestros países a conflictos indeseados, en detrimento de nuestra autonomía política y el bienestar de nuestros pueblos.

2. Rechazamos los nuevos tratados de libre comercio y ser el botín de una nueva disputa geopolítica de la guerra comercial.

El "No al ALCA" (Área de Libre Comercio de las Américas) en 2005 marcó un punto de inflexión decisivo, percibido como la refundación de la soberanía regional y el inicio de un ambicioso ciclo de integración autónoma. Este hito no solamente frustró la hegemonía comercial e ideológica de Estados Unidos en nuestros países, sino que catalizó una ola de regionalismo post-liberal. El resultado fue un fortalecimiento de la integración subregional del Sur y la creación de organismos con un marcado carácter político y social.

La UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) se estableció en 2008 como un foro de concertación política estratégica de Suramérica, tuvo hitos al resolver crisis internas y reafirmó a la subregión como una "zona de paz". La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en 2010 logró reunir por primera vez a toda América Latina y el Caribe y mostrar que era posible construir una voz regional unificada y autónoma. Aquel auge regionalista fue un pilar central en el debilitamiento de la hegemonía estadounidense y un motor para la construcción de un orden mundial multilateral emergente. Lamentablemente, este proceso sufrió un profundo retroceso en la última década.

La actual debilidad política y la pérdida de cohesión en nuestra región tienen consecuencias directas en la posición negociadora a nivel global. La inminente firma del Acuerdo de Asociación entre MERCOSUR y la Unión Europea (UE) es la principal muestra de cómo esta debilidad afecta la negociación de acuerdos comerciales de nuestros bloques. Después de más de 25 años, el acuerdo se concreta en un momento de profunda asimetría y con el bloque subregional en su punto más bajo de cohesión política. Esto ya fue demostrado con los otros tratados de libre comercio (TLC) que otros países y subregiones tienen vigentes con la UE y con EEUU. Los tratados de libre comercio como antes el ALCA no constituyen integración regional sino agendas de los distintos imperialismos que consolidan la subordinación económica, comercial, productiva y política. Ningún TLC será capaz de crear políticas públicas regionales para la atención de la crisis climática, el trabajo decente, y que se orienten a la disminución de asimetrías.

Es prioritario y urgente retomar la senda de una integración fuerte. Nuestra región necesita una integración Latinoamericana y Caribeña cohesionada para dialogar soberanamente con otros bloques o países ya sea la Unión Europea, los BRICS o China, y con quien sea, desde una posición autónoma, complementaria y beneficiosa. La integración es el camino para construir un multilateralismo justo, igualitario y soberano.

En un mundo actualmente sumido en crisis sistémicas, donde el orden multilateral se fragmenta, las guerras comerciales y las disputas hegemónicas por el acceso a bienes estratégicos se intensifican, América Latina y el Caribe tienen la obligación histórica y la deuda pendiente de reconstruir una integración regional sólida. Esta unidad, sin embargo, no debe limitarse a meros acuerdos políticos o ideológicos de Jefes de Estado, sino que debe cimentarse en la convergencia de los sectores económicos y productivos reales de la región. Solo así podremos garantizar una defensa efectiva de nuestras economías y una inserción internacional sin subordinación, protegiendo nuestros bienes naturales y fomentando la cooperación para responder a las transformaciones tecnológicas, productivas y laborales. Necesitamos demostrar que el crecimiento económico es posible con justicia social y ambiental, asegurando que nuestra región deje de tener un rol dependiente y primarizado en la economía global. La integración profunda y real ya no es una opción, sino el único camino viable hacia la autonomía y la prosperidad compartida, tal como lo afirmamos en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos en Foz de Iguazú en 2024.

3. Denunciamos las nuevas formas de explotación laboral, precarización, informalidad y formas modernas de esclavitud que impulsan las corporaciones de la Economía Digital y luchamos por una política de soberanía tecnológica y digital centrada en el bienestar de nuestros pueblos.

A nivel global y regional, asistimos a una acelerada transformación de las sociedades y el mundo del trabajo en particular. La incorporación de tecnología en los procesos productivos, las nuevas modalidades de organización del trabajo y la producción como las plataformas digitales de trabajo, el avance de la inteligencia artificial y los necesarios procesos de adaptación al cambio climático, forman parte de los desafíos del presente y el futuro del trabajo. Las organizaciones del pueblo exigimos marcos regulatorios y políticas públicas que, sobre la base del diálogo social tripartito, aseguren la protección de derechos y una justa distribución de los beneficios vinculados a los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo. En ese sentido, apoyamos el resultado alcanzado en la Comisión Normativa sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas en el marco de la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que establece el compromiso de avanzar en la discusión de un convenio complementado por una recomendación.

4. Rechazamos el papel de dominación y sometimiento que encarna la deuda externa en nuestro Sur Global y su impacto en salud, educación y protección social.

El aumento de la deuda externa e interna, sumado a las tasas usurarias de interés y sobrecargo de las instituciones financieras internacionales y las aleatorias decisiones de la agencias de calificación crediticia, someten a nuestros pueblos a renegociaciones permanentes que solo benefician a los acreedores, instauran y perpetúan políticas de austeridad, profundizan la financiarización con especial énfasis en reformas tributarias regresivas, beneficios tributarios para las grandes corporaciones, y recortan los espacios fiscales nacionales y a la vez que se ensañan en desfinanciar la educación, la salud, la protección social y restringen la capacidad de implementar planes de transición justa para la crisis climática y ambiental. La brecha de pobreza y desigualdad se amplía año tras año a medida que instituciones como el FMI, el Banco Mundial, las agencias de calificación crediticia se niegan a una reformulación de sus estructuras para una mayor representación de los países del Sur global, se sometan a políticas de transparencia y rendición de cuenta. Las organizaciones libres del pueblo de América Latina y el Caribe exigimos medidas urgentes de alivio de la deuda, incluyendo la anulación de las deudas ilegítimas y para los países insulares de nuestra región. Urge una reforma del sistema financiero global para priorizar a las personas y la sostenibilidad del planeta. Seguiremos luchando para una Convención marco sobre la Deuda Soberana en Naciones Unidas, la creación de un bloque común de los países endeudados en nuestro continente para impulsar un marco de deuda permanente, transparente y que eliminen todo condicionamiento a políticas de austeridad y permita la independencia económica y la soberanía nacionales.

5. Rechazamos la demonización, los discursos de odio, la persecución y violencia estatal contra los y las migrantes.

Los discursos de odio y el lawfare son la expresión más cruel de la nueva derecha que asocia una justicia sumisa al poder corporativo que encarcela a los líderes latinoamericanos que han enfrentado las políticas imperialistas. Lula de Silva, Evo Morales, Rafael Correa y otros dirigentes del campo popular. Es el caso de Cristina Fernandez que es víctima de juicios fraguados y hoy es privada de su libertad. La historia la absolverá ¡Cristina inocente, Cristina Libre!

El fenómeno migratorio en la región lejos de interpretarse y analizarse como un problema de DDHH está cada vez más atravesado por aproximaciones ideológicas de la extrema derecha: discriminación, discursos de odio, xenofobia, aporofobia, racismo. Los gobiernos de derecha y extrema derecha han implementado en algunos países políticas antiinmigrantes, de exclusión y criminalización. Los medios de comunicación colaboran en la proliferación de estas concepciones en la sociedad. Algunos gobiernos sin declarar una política anti inmigratoria explícita atentan contra un abordaje de derechos al poner límites administrativos. La exclusión socioeconómica y la irregularidad del estatus migratorio afecta la capacidad de las personas migrantes para acceder a un empleo formal, servicios públicos y protección social, exponiéndose a un mayor riesgo de explotación y abuso durante todo su ciclo migratorio. La unidad popular latinoamericana sigue defendiendo el derecho a migrar y su contracara, el derecho a no migrar que exige que nuestros pueblos tengan un horizonte de vida digna en sus territorios. Asimismo, defendemos la igualdad de derechos y el ejercicio del mismos, incluyendo el derecho al trabajo decente, la salud, la alimentación y la educación, sin ningún tipo de discriminación. No cederemos frente a los impulsos chauvinistas desde la extrema derecha que aspira a una Latinoamérica desunida y arrodillada frente a los poderes corporativos y las potencias centrales.

6. Reivindicamos nuestra visión de la democracia frente a los ataques de las extremas derechas.

La democracia y los Derechos Humanos constituyen los valores y principios que orientan nuestra vida y militancia social. La extrema derecha ha convertido a los defensores de los derechos humanos, derechos laborales, ambientales, de género y diversidades objeto de sus ataque, censura y criminalización. Con campañas de manipulación mediática y cancelación desacreditan y atacan a sus organizaciones y a sus referentes, desmantelando las bases de la vida democrática y la libertad.

El avance de la criminalización de la protesta y persecución a las organizaciones y
movimientos sociales a través de decretos, militarización, autoritarismo y el terrorismo estatal
vuelven a estar en el centro de la escena. Los sectores más vulnerables de nuestros pueblos -
las mujeres, diversidades, las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas- son las
principales víctimas de la política represiva de la legítima lucha social.

Nos solidarizamos y nos sumamos a los procesos de lucha por la democracia y la resistencia a las políticas autoritarias de los pueblos de ALC, las batallas por los derechos humanos, derechos laborales y sindicales, los derechos de las mujeres, la lucha contra el racismo y por la igualdad racial, los derechos de las diversidades sexuales y de género, los derechos humanos y la justicia ambiental. Estas luchas colectivas representan hoy la principal barrera de contención frente a las amenazas civilizatorias que enfrentamos como sociedad.

7. Impulsamos un Modelo de desarrollo con justicia social y ambiental.

Las organizaciones libres del pueblo de América Latina y Caribe apostamos a un modelo de desarrollo integral, contrahegemónica y realmente sustentable. El desarrollo sustentable exige que el modelo de sociedad se asiente en los principios de la justicia social, económica y ambiental, la igualdad y equidad de género, la democracia y los derechos humanos. Apostamos a una perspectiva de la economía diferente, que ponga la vida en el centro, que garantice la autodeterminación de los cuerpos y el territorio: la economía feminista es un claro ejemplo de esto, constituyendo su principio orientador poner en el centro el trabajo de reproducción de la vida, donde el valor generado por el trabajo pertenezca a quienes lo producen, a quienes sostienen este sistema y viven del trabajo. Esta perspectiva requiere asegurar el trabajo decente, la libertad sindical, la negociación colectiva, la protección social universal, los servicios públicos universales, el comercio justo, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad ambiental.

Aspiramos y luchamos por un Estado asertivo como garante de derechos y regulador de las actividades económicas y sociales, el acceso a la justicia, la reparación y la participación con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de los pueblos. Un modelo de desarrollo productivo y de distribución alternativo que concilie la producción y el consumo responsable, mecanismos proactivos de distribución que prioricen la mejora de condiciones de vida y trabajo, asegurando la protección de territorios, el acceso a los servicios públicos y la distribución justa de la riqueza.

8. Defendemos la integración regional como una herramienta para enfrentar la crisis climática y realizar la justicia ambiental.

Los movimientos sindicales, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares hemos demostrado nuestra voluntad y acción mancomunada en pro de la integración desde los pueblos, que supere las lógicas estatales e institucionales, que no se opone a ellas, pero reivindica su autonomía y capacidad de autoconvocatoria propia. Uno de los aprendizajes de la fase precedente es que la participación social en la integración regional no puede estar supeditada a ciclos de gobiernos, ni condicionada por afinidades partidarias, sino por un sentido amplio de compromiso con la democracia, la autodeterminación y soberanía popular, la defensa de los derechos de los pueblos, la paz y la justicia social y ambiental. La integración desde los pueblos debe dialogar con los gobiernos e instituciones creadas desde los Estados, pero asegurando su independencia y evitando su cooptación y control.

La integración de los pueblos nos brindará la musculatura necesaria para combatir los ataques a nuestras democracias y construir un modelo alternativo de desarrollo sustentable con justicia social.

Hoy nos unimos no sólo para conmemorar aquel hito histórico, somos un conjunto de fuerzas sindicales, sociales, políticas, indígenas, juventudes, mujeres y diversidades movilizadas para enfrentar la actual estrategia de hegemonía imperial en la región. Cada organización y movimiento aporta desde su capacidad y especificidad en un proceso colectivo que acumule nuestras luchas, incremente la capacidad y alcance de nuestra región.

Por ello seguiremos luchando por:

 Democracia real, participativa y con justicia social.
 Reafirmar el papel del Estado para la construcción autónoma de un modelo de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
 Centralidad de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales.
 Priorizar la salud, la educación y los servicios públicos al servicio de los pueblos.
 Soberanía alimentaria y protección de nuestros bienes naturales.
 Políticas públicas centradas en el trabajo decente y reconocimiento del trabajo no remunerado y la economía de cuidado.
 Condonación de la deuda externa.
 La integración sin los pueblos no es integración, es comercio. La integración en desde los pueblos y para los pueblos.
 La unidad es nuestro destino, la unidad es el camino!