Nuevamente, la mafia judicial mete la mano para trabar las políticas públicas que atienden a los sectores más vulnerables.

Ellos, que no pagan ganancias, reciben dádivas de empresarios y tienen fuera del país su riqueza, tocan el bolsillo de los que menos tienen.

Reclamamos al gobierno nacional la mayor celeridad para llegar con la solución a miles de familias que dependen de este ingreso.

Si el miércoles 7 no se registra el pago, convocamos a asambleas en cada distrito y organización para iniciar un plan de lucha.

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