Esta decisión, publicada en el boletín oficial como Resolución 272/2025, pone en riesgo el cobro de salarios y los derechos laborales de miles de trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual.

Todo hecho a la medida (y a pedido) de los productores flexibilizadores, quienes le dieron fundamento con la falsa acusación de la tardanza en emitir los certificados por parte de los sindicatos, mientras que la dilación de los tiempos obedece a su propia ineptitud para presentar lo que deben en tiempo y forma, incluidos los salarios de los trabajadores y trabajadoras representados por nuestros sindicatos.

Una vez más, el gobierno y sus cómplices demuestran su combinación de ignorancia y prejuicio, operando a espaldas del pueblo trabajador y de su representación.

Los sindicatos del audiovisual en su conjunto no vamos a permitir este atropello. Tomaremos las medidas necesarias para revertir esta medida arbitraria, que pretende negar la historia del movimiento obrero argentino, y de los derechos conseguidos en años de lucha y unidad.