Sr. Embajador,
Nuestras organizaciones sindicales CFDT y CGT siguen con gran preocupación la evolución de la situación en la provincia de Jujuy. En un contexto económico ya difícil para los trabajadores, y más ampliamente para todas las clases trabajadoras de Argentina, la represión y la violencia que han caído sobre las manifestaciones pacíficas del pueblo jujeño son inaceptables.
El conflicto actual se inició con la represión del gobierno provincial a un movimiento de protesta de ADEP, sindicato de trabajadores de la educación, por su negativa a convocar a mesa de negociaciones colectivas sobre incrementos salariales y condiciones de trabajo. Los docentes en Jujuy tienen uno de los sueldos más bajos del país, en una región montañosa y fronteriza. El gobierno provincial ha optado por responder con una represión total. Contamos al menos una muerte y el retorno de prácticas que esperábamos ver desaparecer con el fin de la dictadura militar: pérdida de ojos tras el uso de balas de goma por parte de la policía local, registros nocturnos sin orden judicial, detenidos que no se encuentran , tortura, etc.
Al mismo tiempo, una Convención Constituyente de la provincia, bajo el impulso de las fuerzas derechistas en el poder, resultó el 21 de junio en cambios sumamente preocupantes al marco constitucional. En esta antología antidemocrática, denunciamos en particular el artículo que amplía infinitamente las posibilidades de que un partido, una facción o un grupo político acuse o reproche a otro de intentar "subvertir el orden constitucional" o "derrocar a las autoridades legítimas".
Por otro lado, esta nueva constitución arroga importantes prerrogativas de propiedad a la Provincia, y en particular sobre los recursos naturales, vulnerando los derechos fundamentales de las poblaciones que habitan estos territorios. La motivación del gobierno provincial salta a la vista aquí: acaparar la riqueza mineral presente en estos subsuelos y en particular el litio, en desacato de los derechos de las poblaciones y en beneficio de las multinacionales que operan en el campo.
Estos ataques han provocado una lógica reacción por parte de los pueblos indígenas e indígenas de la región, al ver afectados directamente sus derechos ancestrales por estas medidas y la perspectiva de una explotación destructiva de sus tierras. El gobernador Gerardo Morales respondió intensificando y ampliando la represión.
Ya conocíamos las prácticas del gobierno provincial de Gerardo Morales, y en particular el encarcelamiento sin condena de Milagro Sala, dirigente sindical y política, diputada del MERCOSUR. Sin embargo, en las últimas semanas se ha alcanzado un hito en la represión, en una situación que definitivamente ha tomado dimensiones nacionales, más aún con un gobernador que está usando esta violencia extrema como plebiscito en la carrera por las elecciones generales de fin de año.
Nuestras organizaciones sindicales CFDT y CGT, en vinculación con el movimiento sindical internacional, exhortan al gobierno federal a hacer respetar a las autoridades de Jujuy:
• la constitución nacional, en contradicción directa con las modificaciones introducidas por la convención constituyente de la provincia de jujuy
• respeto por el derecho de huelga y negociación colectiva
• la libertad de manifestación y expresión de organizaciones e individuos
• Derecho internacional de los derechos humanos y sentencias judiciales Interamericano de Derechos Humanos
• Convenios de la OIT No. 169 – que reconoce los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas – y No. 87 – relativo a las libertades sindicales y el derecho de huelga.
Sírvase aceptar, señor Embajador, las seguridades de nuestra más alta consideración.
Beatriz LESTIC
Secretaria Nacional
(CFDT)
Boris PLAZZI
Secretario Confederal
(CGT)