La CTA de Trabajadores y Trabajadoras, en amplia unidad de sus sindicatos, cooperativas y organizaciones (Frente Agrario y Frente Barrial), luego de la masiva movilización del 1° de Mayo y la histórica Marcha en defensa de la Universidad y la Educación Pública, que claramente manifiestan el desacuerdo de cada vez más amplios sectores sociales a la política del gobierno, también alerta sobre el retroceso en materia de derechos ambientales que está en la raíz del proyecto mileísta, el DNU y su Ley Bases.
A través de la organización política y la lucha de lxs trabajadorxs se ha logrado avanzar en materia legislativa para frenar el avasallamiento de los intereses foráneos que dañan nuestros bienes comunes y privilegian la rentabilidad individual.
El calentamiento global ya está demostrando sus consecuencias en los hechos que suceden cada vez con mayor frecuencia: tornados, inundaciones y tormentas (entre otros fenómenos) vienen dañando a numerosos pueblos de nuestra región.
Es indispensable que la política ambiental sea transversal y de mitigación frente al cambio climático.
Por esto, y ante esta nueva arremetida oficial para instalar la maquillada Ley Bases, advertimos, denunciamos y rechazamos:
La derogación de la ley de Tierras (N° 26.737) que elimina las limitaciones de la venta del territorio argentino a particulares extranjeros así como las de zonas costeras de ríos. De esta manera, violenta los derechos de los pueblos indígenas y pone en riesgo la soberanía nacional, incluso en el uso los bienes comunes más elementales, como el agua.
La modificación de la Ley Nacional del Manejo del Fuego que limita la venta y el uso de lugares afectados por incendios con el fin de proteger la restauración de las zonas dañadas y limitar la especulación.
Las derogaciones de Leyes de Comercio Minero (N° 24.523 y N° 24.695) que deja sin regulación la actividad minera que explota los yacimientos de recursos no renovables y pone en riesgo a las comunidades.
La modificación de la Ley de Glaciares que habilita la explotación de las zonas periglaciares, incluso redefiniendo la denominación de glaciares, lo cual fomenta la aceleración del cambio climático.
La modificación de la ley de quemas N° 26.562, permitiendo implícitamente la utilización de fuego para eliminar la vegetación, aún cuando ésta tenga relación con la "‘protección medioambiental del terreno.”
Estás medidas ponen nuestro ambiente en un riesgo altísimo ante la explotación de los privados que hace años vienen intentando avanzar en los lugares preservados. No sólo es un compromiso asumido por el Estado ante la COP28 sino también ante el todo el pueblo argentino.
Seguiremos exigiendo al poder legislativo que ponga el derecho a un ambiente sano en un primer lugar, y proteja nuestra Casa Común ante el cambio climático.