En el marco del trigésimo aniversario de la fundación de nuestra Central, realizamos este X Congreso Nacional Extraordinario con la convicción de que comenzamos a adentrarnos en un nuevo período histórico que pondrá a prueba la capacidad de nuestra clase y de nuestro pueblo para defender las conquistas alcanzadas desde principios del siglo pasado y, particularmente, desde 1945 a la fecha. Al mismo tiempo, este desafío implicará, en términos estratégicos, trazar un rumbo de emancipación que asegure para las próximas generaciones el tan ansiado horizonte de justicia social, soberanía política e independencia económica.
Situación actual.
Tras doce años de gobiernos nacionales y populares encabezados por Néstor y Cristina, en 2015 asistimos a una derrota electoral que entronizó a Mauricio Macri en el gobierno y, junto con él, al bloque de poder integrado por la oligarquía diversificada en alianza con el gran capital financiero mundial. Los derechos recuperados y ampliados durante el kirchnerismo fueron entonces asediados por la gestión macrista y, en cuatro años, el gobierno de los ricos para los ricos intentó aplastar a nuestra clase, a sus organizaciones más combativas y a toda reivindicación popular que se le cruzara en el camino.
En efecto, el macrismo contó con el apoyo de las grandes patronales, los medios de comunicación hegemónicos, los servicios de inteligencia, los jueces domesticados y las fuerzas de seguridad; no obstante, la resistencia obrera y popular no se detuvo ni un solo día. Cientos de conflictos jalonaron el territorio nacional y nuestra Central participó de ese enorme protagonismo colectivo impulsando, entre otras muchas manifestaciones y actos, la exigencia sistemática de libertad a Milagro Sala y los demás presos políticos, la Marcha Federal, la Marcha por la libertad de Lula, las condenas a los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la repulsa al 2 x 1 de la impunidad, el rechazo al FMI el 25 de Mayo y 9 de Julio de 2018, la condena a la reforma previsional, el repudio al golpe de Estado contra Evo y a la complicidad de Macri con las matanzas en Sacaba y Senkata, el apoyo permanente a las iniciativas y movilizaciones del movimiento de mujeres y diversidades sexuales, tales como la legalización del aborto y “Ni una menos”, etc.
Fueron cuatro años de lucha en las calles, en muchos casos enfrentando a las policías bravas, donde a nivel del movimiento obrero fuimos tejiendo una malla de unidad en la acción con la Corriente Federal de Trabajadores, el Frente Sindical para el Modelo Nacional (como ocurriera el 21 de febrero de 2018) y numerosos sindicatos y agrupaciones de las Regionales de la CGT en diversos puntos del país. Otro tanto sucedería con antiguos y preciados aliados de la clase trabajadora como los nucleamientos de pequeños y medianos empresarios, el movimiento cooperativo de la ciudad y el campo, los pequeños chacareros y campesinos empobrecidos por la concentración de la propiedad de la tierra, por el desplazamiento de la frontera agropecuaria a partir de la soja y por la falta de incentivos estatales a las pequeñas economías rurales de base familiar.
Con el telón de fondo de estas luchas -que no alcanzaron para constituir una fuerza social orgánica en condiciones de instalar una ofensiva política desde el movimiento de masas- y con el país endeudado en más de 50.000 millones de dólares con el FMI, la fórmula presidencial del Frente de Todos se impuso en las elecciones de 2019. El binomio Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner generó una enorme expectativa popular y la certeza de que en poco tiempo la nueva gestión habría de revertir el descalabro macrista. Pero, a poco de asumir, el nuevo gobierno tuvo que enfrentarse al estallido de la pandemia del COVID y la sociedad en su conjunto se vio sumida en todo tipo de restricciones que complicaron y empeoraron la vida cotidiana. Otro tanto sucedería con la capacidad de movilización de las organizaciones obreras y populares, ahora reducida a su mínima expresión por el aumento inusitado del contagio del virus y la tasa creciente de fallecimientos.
Ante esta situación, el gobierno de Alberto y Cristina destinó ingentes esfuerzos y recursos para paliar la situación económica de millones de personas y, al mismo tiempo, desarrolló una acertada política sanitaria tendiente a garantizar, en el menor lapso de tiempo posible, la vacunación masiva de la población. Sin embargo, la lucha contra la pandemia y la posterior comprobación de que el operativo de vacunación hacía retroceder las estadísticas del COVID, no impidieron que el descontento con la situación económica y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se proyectara en las elecciones de medio término. El FdT perdió en esos comicios y esta derrota envalentonó a la oposición de derecha que, a la sazón, se vio robustecida con las apariciones de personajes escabrosos como Milei y Espert, verdaderos “profetas del odio”.
Ese proceso electoral postpandemia y aun la derrota del FdT contribuyeron a que la cuestión del tratamiento de la deuda externa no ganara los primeros planos de la preocupación social durante los meses de campaña. Pero, a posteriori de los resultados, casi en sordina, el acuerdo de pago con el FMI emergió de repente y, junto con él, el fantasma de un país entero sometido al condicionamiento implacable de los acreedores externos. En un mundo que emergió de la pandemia con mayor concentración de la riqueza y con más pobreza, el estallido de la guerra en Ucrania -tras las provocaciones del gobierno norteamericano y la OTAN contra la Federación Rusa y la respuesta militar de ésta- generaron un clima global de zozobra que, en términos económicos, vino a agravar la situación de los países periféricos y de modo particular al nuestro, atenazado ya por las presiones del FMI para cobrar esa deuda récord y por la acelerada remarcación de precios de la canasta familiar.
Desde entonces para acá se han abierto disensiones al interior de la coalición de gobierno mientras que la situación -para quienes vivimos de nuestro trabajo y no del trabajo ajeno- se torna más dura por efecto de la disparada de los precios provocada tanto por la crisis global como por el impacto del conocido ciclo de endeudamiento-fuga de capitales-inflación sin control, orquestado por el gran capital local asociado al extranjero. De este modo, no es una paradoja que experimentándose cierto repunte en los niveles de crecimiento económico no se registre un aumento proporcional del empleo formal y que los salarios, jubilaciones y pensiones sean doblegados sistemáticamente por el poder de los formadores de precios y de los grandes jugadores de la especulación y la valorización financiera del capital. Se trata de una brutal puja por la distribución de los ingresos en la que, el mundo del trabajo, pierde posiciones que históricamente había ganado. Para colmo, a menos de catorce meses de las nuevas elecciones presidenciales, las respuestas oficiales parecieran perder claridad, firmeza y contundencia para contener el desborde inflacionario y revertir el descontento de los sectores populares del que tratan de sacar provecho los cultores de la antipolítica.
Para decirlo sin eufemismos: la posibilidad de una derrota electoral el próximo año, a contrapelo de lo que está sucediendo en América Latina, donde vienen ganando terreno los frentes populares, sería el reinicio de una brutal ofensiva de los grupos dominantes neoliberales que siguen teniendo entre ceja y ceja la reforma laboral, la privatización del sistema jubilatorio y el desguace de lo que aún queda en pie del Estado y las empresas públicas. Sin embargo, todavía la última palabra no está dicha. Tenemos por delante un año que será definitorio para recuperar la iniciativa política y la movilización de los sectores populares, con vistas a lograr que en las elecciones de 2023 podamos cerrarle el paso a los que de la mano de Mauricio Macri o de Horacio Rodríguez Larreta se sienten a tiro de piedra del sillón de Rivadavia.
En este contexto, la renuncia de dos ministros cuestionados por quienes veníamos reclamando al gobierno mayor firmeza para enfrentar a los poderosos, tiene que ser la oportunidad para empezar a recuperar terreno con medidas que quiebren la inercia que todavía mantiene en la pobreza a millones de argentinos y argentinas que votaron para revertir esa situación. Son justamente esos sectores de las barriadas pobres y de la clase media baja, agobiados por largos meses de padecimiento económico, los que están en la mira de la derecha que intenta cooptarlos con sus espejitos de colores.
Por ello creemos que las incorporaciones de Daniel Scioli y Silvina Batakis, precedidas de disputas y tensiones hacia el interior del gobierno, dejan, sin embargo, un saldo positivo consistente en recuperar la conexión con una sensibilidad social en el manejo de la economía.
Pero para que en el 2023 tengamos la posibilidad de un triunfo electoral es necesario sostener, aunque sea con un entablillado político, la unidad del Frente de Todos. Cada vez que hubo división sobrevinieron escenarios de derrota. Por ello, desde la CTA, debemos seguir propiciando, ante cada desafío, la unidad más amplia posible del campo popular, con acciones que permitan un reagrupamiento del movimiento sindical capaz de convocar al conjunto de los sujetos sociales dispuestos a construir una dinámica de movilización que apuntale las demandas del pueblo.
A un año y medio de que finalice el mandato del gobierno del Frente de Todos, y a pesar del discurso de los grandes grupos económicos que nos quiere convencer de que ya estamos derrotados, el final sigue abierto. Al igual que en el resto de los países de la Patria Grande y para que el triunfo sea de las fuerzas populares, necesitamos volver a las calles y plazas, hacer del espacio público una enorme tribuna desde la cual explicitar nuestras reivindicaciones y nuestras propuestas de políticas de Estado para ponerle coto a la voracidad de las grandes patronales. Y, desde luego, necesitamos que nuestra Central se tense y crezca en cada territorio; se nutra del protagonismo de la juventud trabajadora, el movimiento de mujeres, los pueblos originarios, las organizaciones de la economía popular y tantas otras expresiones de genuina resistencia a la explotación y la opresión que anhelan una sociedad más igualitaria, más justa, más soberana y más democrática.
A treinta años de la fundación de nuestra Central nos imponemos asumir ese desafío histórico y, para contribuir a cimentar la victoria que necesitamos, entendemos que nuestro aporte debe consistir en propiciar la más amplia unidad popular. Esta unidad debe contener a todos aquellos que estamos dispuestos a movilizarnos para enfrentar a los sectores dominantes que mediante la remarcación de precios, las corridas cambiarias, el clima destituyente instalado desde la prensa hegemónica y las maniobras del poder judicial adicto, pretenden socavar la estabilidad institucional y reinstalar en la Casa Rosada una nueva versión del gobierno de los ricos para los ricos.
En ese camino hacia la construcción de una gran articulación del movimiento popular, nuestra Central propone:
1. Impulsar una urgente política de recomposición del ingreso que garantice, a través del aumento de una suma fija a cuenta de paritarias, la elevación de los salarios, beneficiando particularmente a los que están más abajo;
2. Reclamar con idéntico criterio un aumento para las jubilaciones y pensiones y exigir que la actualización de los haberes de los beneficiarios de todas las jurisdicciones del país se hagan, como máximo, en plazos trimestrales;
3. Exigir la inmediata puesta en vigencia de la moratoria previsional para evitar que 1.500.000 de personas queden excluidas del derecho al beneficio jubilatorio;
4. Solicitar la inmediata convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil;
5. Apoyar la creación por ley de un Salario Básico Universal consistente en una prestación monetaria mensual de alcance nacional, destinada a personas que se encuentren sin ocupación plena;
6. Participar en el proceso de la sanción de la ley que crea a nivel nacional los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en todos los lugares de trabajo públicos y/o privados;
7. Bregar por la continuidad de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos, tales como agua, luz y gas, para todos los hogares de trabajadores, formales o no, así como ratificar la necesidad de que el acceso a Internet sea declarado derecho a un servicio público y no a un bien de mercado;
8. Cumplimiento efectivo de la ley de alquileres sancionada en 2020 y rechazo a cualquier modificación regresiva de dicha norma;
9. Apoyar las iniciativas impulsadas por el Frente de Todos para establecer un tributo a la Renta Inesperada y para captar recursos destinados al pago de la deuda externa provenientes de los fugadores de divisas;
10. Traccionar la iniciativa popular para avanzar hacia un sistema tributario justo en el que se grave la riqueza;
11. Impulsar una campaña nacional con vistas a la reducción de la jornada laboral para garantizar nuevas oportunidades de empleo y más tiempo libre para quienes ya están empleados;
12. Propiciar un régimen legal de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas;
13. Promover, en el marco de la articulación que reclama una justicia democrática, la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema;
14. Exigir la inmediata libertad de nuestra compañera Milagro Sala y de todos los presos políticos;
15. Lograr que el Estado reconstruya los instrumentos que le permitan recuperar su capacidad de regulación sobre los grupos monopólicos, los formadores de precios, los especuladores financieros y toda forma económica de parasitismo social que limite, condicione o subordine el interés público;
16. Avanzar hacia una nueva dinámica del Estado en la que éste controle la producción y exportación del complejo alimentario, fiscalice el uso y manejo de las redes fluviales y puertos y garantice el acceso a la población a alimentos con precios alineados al poder adquisitivo de los salarios.
Ciudad de Buenos Aires, 7 de julio de 2022