La conocida decisión gubernamental de fraccionar el pago del aguinaldo a las trabajadoras y trabajadores del sector público, conforme a una más que discutible categorización de sus ingresos, es un avance inadmisible sobre un derecho histórico de quienes viven de su trabajo y no del ajeno.
Es, también, una profundización de la creciente pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales, ya depreciados y ajustados salvajemente durante los cuatro años del macrismo.
Asimismo, la determinación oficial, en lugar de contribuir a que dicho poder adquisitivo intervenga positivamente en la reactivación económica mediante la dinamización del circuito del consumo, contrae a éste y profundiza la recesión que hoy sufrimos.
Pero siendo todo ello grave de por sí, lo es aún más cuando dicha decisión supone una señal directa para que las patronales del sector privado hagan lo propio, aún cuando la Ley de Contrato de Trabajo lo impida explícitamente.
En razón de lo expuesto, la CTA de los Trabajadores ha resuelto solicitar, con carácter de urgente, una audiencia con el ministro del ramo, a fin de reclamar que no se fraccione el pago del medio aguinaldo.
Carlos Girotti
Secretario de Comunicación
Hugo Yasky
Secretario General