Desde el Espacio de Producción y Trabajo queremos expresar que consideramos inadmisible el hostigamiento sistemático y desestabilizador de que es objeto el gobierno, a través de distintos tipos de acciones.

Nos referimos fundamentalmente al polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde toma una clara posición a favor del Jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta, poniendo en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto.

Con este fallo, la Corte avanza sobre el DNU 287/2021 dictado por el PEN, que en función de bases científicas y empíricas, como su responsabilidad lo indica, tiende a proteger la salud y la vida del pueblo argentino, mientras la medida incurre en el extremo previsto en el Art. 205 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Se ignoró a su vez no solo la opinión de prestigiosos sanitaristas sino también la del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien en reiteradas oportunidades señaló que el Área Metropolitana de Buenos Aires es una unidad inescindible, ya que el Covid-19 no reconoce fronteras administrativas. Incluso más, se ignoró hasta el criterio establecido por ellos mismos en la acordada del 20 de marzo de 2020, donde reconocen la competencia de las decisiones de las autoridades sanitarias de la Nación.

A la generación de este clima de desestabilización están dirigidas también las maniobras generadas por grupos económicos concentrados con su correlato de aumentos de precios injustificados (fundamentalmente en la canasta básica de alimentos), con lo que generan una permanente pérdida del poder adquisitivo del salario tanto de los trabajadores activos como pasivos, e impiden el desarrollo del mercado interno, con el consiguiente deterioro de las otras ramas de la producción, afectando seriamente al sector pyme y cooperativo.

Este fallo deja en claro la complicidad de los medios concentrados de comunicación con jueces, como los que integran la Corte Suprema de Justicia, y los factores del poder económico concentrado, para desestabilizar a un gobierno elegido y legitimado por el voto popular, sin importar si para ello condenan al hambre y la pobreza de importantes sectores de la sociedad, ni la salud y la vida del pueblo argentino.

Las entidades representativas del movimiento obrero organizado, de pymes nacionales, del sector agropecuario, de las fábricas recuperadas por sus trabajadores organizados en cooperativas y los movimientos sociales, alertan y hacen un llamado amplio a la unidad nacional y la defensa de la democracia.

Entidades integrantes

CTA de los Trabajadores, Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT, Confederación General Económica (CGE), Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP), Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Agrupación Grito de Alcorta, Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA), Centro de Estudios Agrarios, Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal (AMRAF), Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación (CADA), Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA), Frente Barrial CTA (FB CTA-T).

Foto: Télam.

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