Frente a la puerta de los Tribunales Nacionales, organismos de Derechos Humanos junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales reclamaron junto a Sergio Maldonado y la abogada Verónica Heredia, que la Corte Suprema se expida en la causa de Santiago y designe un nuevo juez que realice una investigación sin descartar la figura de desaparición forzada.
“Nos encontramos acá para exigirle a la Corte Suprema que se expida de una vez por todas, porque la causa está paralizada desde principios de marzo de 2020 a la espera de una resolución en la cual se aparte al juez (Gustavo) Lleral, quien desde fines de noviembre de 2018 no hace absolutamente nada en la causa y de hecho tomó posición y dijo que él no era un juez imparcial y que ya había dado su veredicto de que Santiago se había ahogado solo”, expresó al medio cooperativo Revista PPV, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado.
“Con ese antecedente no podemos seguir insistiendo en que siga Lleral como juez porque en cuatro oportunidades se lo recusó. Por eso es necesario una investigación independiente, imparcial, con un juez que realmente quiera investigar y que al menos haga una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto de 2017 que hasta la fecha no se hizo”, agregó Sergio, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, con una remera negra con la imagen blanca estampada del rostro de Santiago.
En tanto, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel, aseguró: “Hay que averiguar dónde estuvo el cuerpo de Santiago durante los 72 días. Nunca pudo haber estado en el río. Si ese cuerpo hubiera estado en el río el tiempo que dicen, hubieran salido huesitos, nada más que huesos. Sin embargo esa foto, que molestó tanto a la familia con justa razón, porque la sacó un policía en forma clandestina, de la morgue de Esquel, democratizó el estado del cuerpo de Santiago y ese cuerpo estaba conservado en frío, 20 grados bajo cero. Da la casualidad que a 20 kilómetros de donde apareció el cuerpo hay un frigorífico de Benetton que se prendió fuego a la semana siguiente del 17 de octubre de 2017 (el día que apareció el cuerpo). Que cada uno saque sus conclusiones y Dios quiera que algún fiscal escuche esto y que me convoque a que le explique cómo sale un cuerpo de cualquier río del país después de haber estado una semana, no 70 y pico de días”.
“Lo que está pasando ahora en la Comarca Andina, en el Bolsón, es una continuidad de ese espíritu mafioso que dejaron (Patricia) Bullrich y (Pablo) Noceti después de los hechos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, que no tuvo por parte del pueblo el mismo tratamiento que tuvo el caso de Santiago Maldonado. De todas maneras las familias de Rafael y Santiago se unen en la búsqueda de justicia, son dos víctimas de un Estado represivo que ahora está creando nuevamente el ’enemigo interno’ porque a los gobiernos de la Patagonia, que son adscriptos al liberalismo, al macrismo, les conviene crear un enemigo interno. Y todo hecho de terrorismo que están inventando los servicios de inteligencia diabólicos se lo van a machacar, como hoy están haciendo, a los mapuches”, manifestó Pimentel.
María Elena Naddeo, titular del Programa de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y ex legisladora porteña, expresó: “Tanto la familia como los organismos de Derechos Humanos pensamos que hay una gravísima responsabilidad política, porque hubo una represión, porque se los empujó, se los reprimió ilegalmente, en aquella ruta 40, y eso provocó la desaparición y luego la muerte de Santiago Maldonado. Entonces hay responsabilidad del Estado y por lo tanto tienen que rendir cuentas”.
“Seguimos exigiendo justicia ante una situación que claramente nos preocupa mucho que es que al día de hoy no hay una respuesta clara ante la muerte de Santiago Maldonado, en un contexto muy doloroso en el que personas como Noceti y Patricia Bullrich nunca fueron a declarar ni dieron respuesta de cuál fue el accionar de la Gendarmería en esa situación. Hay una impunidad que hace que la familia de Santiago siga exigiendo y reclamando que remuevan al juez, que claramente tiene una parcialidad total y no ha dado respuestas a la familia”, subrayó Matías Zalduendo, secretario de Juventud de la CTA, y agregó: “Claramente hay una cuestión política. La presencia esos días de Noceti, funcionario de alto rango en el Ministerio de Seguridad, cerca de la zona, teniendo vínculo con la Gendarmería, lo que sucedió con los cuadernos de la Gendarmería que se han arrancado hojas, hay una cantidad de prueba que muestra que el gobierno anterior, de Mauricio Macri y compañía, decidió proteger y no esclarecer la situación”.
El secretario Adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, Guillermo Parodi, detalló: “Cuando vemos que uno de los jueces que está negando esto es (Leopoldo) Bruglia, uno de los que estaba jugando al tenis con Macri en Olivos, uno de los que trató de encubrir todas las causas del expresidente y que trata de que no avancen las causas de esclarecimiento de Santiago Maldonado, vemos muy claramente que hay una intencionalidad política de ocultar lo que pasó. Responsables de todo esto son la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el expresidente, que también encubrió, y todo el espectro político de la ex gestión de Gobierno. Por eso nosotros le pedimos a la Corte Suprema que mantenga la independencia y que se decida de una vez por todas a investigar qué es lo que pasó con Santiago Maldonado”.