Córdoba sigue liderando nacionalmente la cantidad de contagios.

El pase a la virtualidad dispuesto por todos los gremios docentes de la provincia, no es una medida de fuerza: es la mejor forma que, como trabajadores organizados, como ciudadanos responsables, como docentes, podemos colaborar para salvar vidas.

Nuestro mensaje ha sido reconocido por amplios sectores de la sociedad, por eso son muchísimos los alumnos de los niveles inicial, primario y especial que NO concurrieron a la escuela, porque han advertido los riesgos que implica la circulación de personas para llevar los alumnos a la escuela.

Si nuestra salud está en riesgo, podemos y debemos plantearle a quienes nos contratan que debemos cumplir nuestras tareas y funciones en virtualidad, tal como lo hicimos en el 2020.

Eso estamos haciendo los docentes de Córdoba. Cuidamos nuestra salud, y cuidamos a Córdoba, para que no se agrave la situación de colapso que tiene el sistema sanitario provincial.

Estamos en pandemia, por ello, lo que estamos planteando a directores e inspectores (que es trabajar desde la virtualidad), por la situación de excepción que vivimos, NO ESTA PREVISTO EN EL ESTATUTO. ESTA FIGURA JURIDICA NO ESTÁ REGULADA, NO HAY JURISPRUDENCIA, porque es una situación de excepción inédita; es decir ESTAMOS CREANDO UN NUEVO DERECHO: el derecho de todo trabajador, de todo ser humano, a preservar su vida, cuando el empleador ha decidido ponerla en riesgo.

Está en riesgo la vida del docente, de sus estudiantes y las familias, y como trabajadores organizados no podemos ni debemos “obedecer, para luego reclamar”.

Debemos cuestionar, sobre la base de los parámetros e informes públicos del avance de la Pandemia COVID 19 , la legalidad y legitimidad de las órdenes emitidas por la patronal, y ejercer el derecho principal, único e irrenunciable, de salvaguardar nuestras vidas y la vida de los cordobeses.

(*) Secretario General de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba).

Foto: Javier Ferreyra / La Voz.

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