El gobierno conservador de Sebastián Piñera respondió a la nueva manifestación de los "pingüinos", movilizados en defensa de la educación pública, con balas de goma, gases lacrimógenos y 133 detenidos. Las fuerzas de seguridad impidieron que los estudiantes secundarios y universitarios utilizaran el transporte público y realizó redadas en los colegios tomados.
El vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, advirtió que no se permitiría que los estudiantes se adueñaran del país, que la jornada de hoy sería "difícil" y que "la ley tiene que ser respetada".
Horas antes de la represión, la líder universitaria Camila Vallejo justificó la protesta porque “no se vieron avances sustantivos” en las negociaciones que durante los últimos días mantuvieron con funcionarios de la administración de Piñera. El gobierno había hecho una propuesta de 21 puntos, que despertó el inmediato rechazo de los estudiantes.
A modo de réplica, el vocero del gobierno, el ministro Andrés Chadwick, alegó que "los estudiantes no son dueños del país" y los criticó por “estar empecinados” en marchar por la Alameda.
A media mañana, los dirigentes estudiantiles presentaron a la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que les prohibió marchar. En ese clima, la policía actuó durante toda la mañana con detenciones y dispersión en distintos puntos de la ciudad.
El centro amaneció con barricadas que cortaron el tránsito en varias puntos, como antesala de las dos movilizaciones que ya habían sido proscritas. No obstante, la concentración se inició en la avenida Alameda, rodeada por mil carabineros que minutos antes de la marcha avanzaron con carros lanzaagua y gases para dispersar a los primeros grupos.
Luego, las fuerzas de seguridad impidieron a varios grupos de jóvenes subir a los autobuses del Transantiago que conducen al centro de la ciudad y desalojó varios colegios que estaban tomados como Colegio Alemán de Arica y el Liceo Valentín Letelier de Recoleta, donde hubo varios detenidos.
Por su parte, los partidos de la Concertación comenzaron a expresar su rechazo a la represión y reclamaron que el gobierno respete el derecho de manifestación. Los diputados de la DC Gabriel Silber y Ricardo Rincón concurrieron a La Moneda para entregar una carta a Hinzpeter, rechazando la decisión de no autorizar las marchas, y -ante la posibilidad de que se produzcan heridos- "responsabilizando directamente al gobierno por no entender que la represión y la limitación de los derechos básicos no es el camino".