Durante el encuentro, se detallaron las acciones que se están llevando a cabo para asegurar la plena garantía de los derechos de las infancias y adolescencias, buscando construir una sociedad más justa, inclusiva y pacífica. Se hizo un llamado a la movilización nacional para el día viernes, con el fin de manifestar el rechazo tanto a la reforma laboral como a la reforma del régimen penal juvenil.

Las organizaciones participantes presentaron argumentos sólidos para oponerse al proyecto. Se criticó la falta de límites a la prisión preventiva, la ausencia de escalas penales adecuadas, la falta de revisión para la reintegración social, la carencia de un sistema de progresividad de la pena y de ejecución especial para adolescentes, la falta de previsión para los casos de "no punibles", el incumplimiento de la Ley de Educación Secundaria Obligatoria, la falta de políticas de reinserción social, la ausencia de presupuesto para medidas alternativas al encarcelamiento y la conexión del proyecto con la reforma laboral, evidenciando una visión punitiva y represiva de la juventud.

Tras la lectura del documento, María José Cano, Directora de DDHH de la CTA Autónoma, agradeció la presencia de los diversos sectores que conforman esta mesa de confluencia, incluyendo a las dos CTA.

María Reigada, integrante de la Mesa Nacional de la CTA-T, afirmó: “este es un tema que resurge ante cada gobierno de derecha. Nosotros siempre hemos estado en contra de punir a nuestros jóvenes y adolescentes. Debemos construir una sociedad más justa, y para eso necesitamos un modelo diferente. Quitarle derechos los trabajadores y trabajadoras, es lo mismo que quitarle el derecho a sus hijos e hijas”.

La defensora de niños, niñas y adolescentes, Vanesa Salgado destacó que el sistema penal persigue a los pobres que delinquen, no reeduca, solo castiga y organiza la crueldad, y denunció que el presupuesto para esta ley podría restablecer las becas progresar.

Por otro lado, la abogada Claudia Cesaroni indicó que la falta de escalas penales y criterios claros para establecer condenas implica un componente clasista en la imposición de las penas.

En el cierre de la conferencia, el Secretario General de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy declaró que este proyecto busca construir un estado represor que atente contra los derechos de los trabajadores y sus hijos, y anunció el rechazo a ambos proyectos en el congreso y en las plazas del país.