Documento consensuado entre las organizaciones, leído esta noche para ser presentado mañana a los poderes públicos.
Trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, organizados/as, estudiantes, campesinos/as, originarios/as, comerciantes, vecinos/as, jubilados/as y sus organizaciones abajo firmantes, apelamos al ejecutivo provincial y a los/as legisladores/as, que ante el recrudecimiento de las medidas económicas tomadas por el gobierno de la Alianza Cambiemos; como los TARIFAZOS sobre los servicios públicos, trasporte, luz y agua, y sobre los alimentos y productos esenciales para las familias trabajadoras, salvaguarden los derechos sociales del pueblo argentino, frente a políticas que sólo privilegian la timba financiera, la especulación, la dependencia y el endeudamiento por sobre el bienestar del pueblo que vive del trabajo y la producción.
Ante las pérdidas económicas sufridas por la emergencia hídrica, los insuficientes incrementos de los salarios en los últimos años, que no alcanzan a cubrir lo indispensable de la canasta familiar, y el inicio de un nuevo año lectivo y las discusiones salariales, solicitamos respuestas urgentes y participativas, desde paritarias libres a mesas de diálogo político y social, para hacerle frente a las brutales medidas que golpean sobre todos los sectores de la economía local y regional.
Estos aumentos tarifarios no se han visto reflejados en la mejora de los servicios, ni en políticas de inclusión para miles de chaqueños/as que aún no cuentan con la debida regularización. En los asentamientos y barrios periféricos que no pueden pagar el servicio eléctrico, SECHEEP se niega a realizar conexiones formales, ya que implicaría el reconocimiento de la posesión del terreno; organizaciones de la economía popular, vienen proponiendo una modalidad de “tarifa plana” para ese sector, que posibilitaría la regularización de un servicio fundamental para la subsistencia de cualquier familia, aún sin respuestas.
Entendemos que la dolarización de la energía se definió a nivel nacional con la complicidad de los gobiernos provinciales a través de pactos fiscales y leyes de presupuestos; que se han eliminado los subsidios a los ciudadanos/as y se los mantienen a las empresas amigas, asumiendo deudas exorbitantes como la adquirida por la empresa estatal SECHEEP con el grupo CAMMESA, (proveedor de la energía producida por los /as argentinos/as), “grupo empresario que se lleva más del 50% del total de la factura”. Los chaqueños y chaqueñas nos preguntamos dónde han sido volcados esos recursos. Esperamos respuestas y acompañamiento de los demás legisladores y legisladoras, para que el pueblo chaqueño no termine un 2019 siendo estafado y con el quiebre de sus empresas estatales.
En enero de 2018 se presentó en la legislatura provincial, un proyecto de ley de emergencia tarifaria, que propone el congelamiento retroactivo de los servicios públicos de luz, agua, y transporte a diciembre de 2017, por ello, solicitamos a los legisladores y legisladoras poner en funcionamiento la Ley Provincial 2505-Q por la cual se crea la “Mesa de Concertación Política y Social”, que fuera acompañada y aprobada por todos los bloques políticos, entendiendo que es uno de los espacios institucionales que permitirá generar un debate público y democrático, que contemple la emergencia social y económica actual de la provincia y así mancomunar esfuerzos para responder a las necesidades del pueblo.
En estos últimos años, el único crecimiento del cual hemos sido participes, es el de la desigualdad y el empobrecimiento. En el año 2015 la tarifa de luz representaba el 3,6% del salario Mínimo Vital y Móvil, mientras que en el 2018 se incrementó a más del 20%, llevando a miles de trabajadores/as, jubilados/as, y pensionados/as a endeudarse para costear estos servicios. El trasporte público, servicio esencial para estudiantes y trabajadores, ha aumentado más del 225%, socavando aún más este derecho social con la quita de subsidios y la liberación de los precios de combustibles.
Los tarifazos deben ser abordados, atendiendo las normas vigentes, como nuestra Constitución Nacional lo establece en su artículo 42, que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.”
Por todo lo expuesto, junto a la movilización popular y la puesta en valor de las herramientas democráticas, reiteramos la necesidad de convocar a todos los sectores para poner freno al atropello de nuestros derechos, apelando a la responsabilidad de representar los intereses del pueblo chaqueño, ante las miserables medidas de un gobierno nacional al servicio de las minorías concentradas.