El pasado 25 de abril se realizó en Bogotá, Colombia, la Segunda Consulta Regional de la Unidad de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a cargo del Comisionado Paulo Vannuchi. La secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, participó del evento.
La CIDH ha iniciado un proceso de reformas y profundos debates respecto a su organización institucional, pero también su agenda estratégica. Como parte de este proceso se definió la creación de una relatoría especial para los DESC, al estilo de la relatoría de libertad de expresión, tarea que ha encarado el Comisionado Vannuchi, a partir de asumir sus funciones en enero del corriente año. Una de las decisiones de la nueva gestión ha sido ampliar la convocatoria de la ronda de consultas a la sociedad civil, para incorporar a referentes de sindicatos, movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes y otras organizaciones sociales, con el objetivo de discutir prioridades para la agenda de la Relatoría y estrategias de intervención.
Los derechos económicos, sociales y culturales abarcan diversos derechos humanos, desde el derecho a la educación, a una vivienda adecuada, a la salud, la alimentación y el agua, hasta el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo, así como los derechos culturales. La definición de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, supone pensar en conjunto todo el marco normativo, tanto los aspectos que hacen a la libertad como la igualdad. América Latina en los últimos años ha realizado avances significativos en temas de trabajo, reducción de la pobreza, reconocimiento de la multiculturalidad, avances en democratización, entre otros temas. Pero a pesar de ello sigue siendo el continente con pronunciadas desigualdades. Por ello está en debate el avance en la exigibilidad de los DESC.
En el centro de la consulta estuvieron los temas de trabajo, educación, acceso a la tierra y la vivienda, el agua. Se hizo especial hincapié por parte de los asistentes en la inclusión de la situación de grupos y poblaciones más vulnerabilizadas. Desde esta perspectiva se incluyó la demanda por la plena incorporación de la perspectiva de género, las migraciones y desplazamientos, lo étnicos y racial, los temas de los campesinos. Al momento de discutir las estrategias, se puso especial foco en las tensiones presentes entre un modelo desarrollo con inclusión y los aspectos ambientales, sociales y comunitarios. Se enfatizó en el uso y construcción de indicadores, que permitan hacer un seguimiento de la evolución de las políticas públicas orientadas al pleno ejercicio de los DESC. El compromiso es seguir realizando rondas de consulta que incluyan organizaciones y movimientos sociales para contribuir a potenciar un diálogo con los Estados de la región para lograr mayores y mejores niveles de implementación del conjunto de los derechos humanos.-