Macri denunciado por avasallar el derecho a la intimidad de estudiantes porteños.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) dieron a conocer los alcances del fallo de la Jueza María Elena Liberatori por el cual se obliga al gobierno porteño a suspender la instalación de cámaras en el interior de las escuelas en las que los padres presentaron resursos de amparo para la protección del derechos a la intimidad de sus hijos e hijas.
El derecho, además de estar consagrado constitucionalemente, forma parte de la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Secretario General de UTE, Eduardo López llamó a "todos los padres cuyas escuelas tienen cámaras a preservar la privacidad de sus hijos, y a firmar la presentación judicial para extender al resto de los establecimientos esta medida". Y agregó, "queremos que se garantice la seguridad y se cuide el patrimonio público sin violentar los derechos de nuestros alumnos y alumnas".
López explicó que "el jefe de gobierno de la Ciudad (Mauricio Macri) ha decidido instalar cámaras de audio y video en 17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas, según él, con el fin de cuidar el patrimonio de la ciudad".
"Justamente las escuelas en las que quieren poner cámaras son escuelas en las que se reclamó más presupuesto educativo, reformas edilicias y escuelas muy movilizadas por gremios docentes y alumnos", agregó.
El abogado de ODH, Demian Konfino, señaló que el fallo expedido por la jueza menciona que "el medio elegido aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida (seguridad de bienes y dependencias del estado) ya que al no haberse establecido límite alguno para el funcionamiento de los dispositivos se genera una afectación irrazonable del derecho de la intimidad".
De la conferencia de prensa también participaron representantes de Madres y Padres por la Escuela Media, estudiantes de la Federación de Estudiantes Secundarios y los padres que presentaron la demanda, Silvia Doval y Héctor Hussein, quienes destacaron su rechazo a "la instalación de cámaras espías".