Este informe presenta un primer apartado donde se detallan las diversas políticas del gobierno del Frente de Todos en materia previsional, considerando el contexto en que fueron desplegadas.
Los últimos años estuvieron atravesados por la crisis económica, social y de deuda externa provocados heredada de la gestión de Cambiemos, que se vieron profundizados en el marco de la pandemia del Covid- 19. Bajo este escenario, la actual gestión Frente de Todos generó políticas eficaces para paliar los efectos de la pandemia e impulsar la recuperación de la económica y del empleo. Sin embargo, no logró traducir esto en una mejoría significativa en los ingresos reales de la mayoría de la población, agravando la regresividad de la distribución del ingreso.
En el año 2022, la escalada de precios de los commodities (alimentos y energía) en el marco de la guerra en Ucrania profundizó el proceso inflacionario preexistente a nivel local. En efecto, los aumentos salariales (incluso en los sectores con paritarias periódicas) y las actualizaciones de los haberes vía movilidad previsional continúan rezagados detrás de la remarcación de precios impulsada por los grupos concentrados como forma de expandir su rentabilidad.
Hoy la disputa por la direccionalidad de las políticas sociales (y previsionales) recobra especial centralidad. No sólo está en juego la recomposición real de los haberes jubilatorios y la mejora de la equidad del sistema, sino también la necesidad de generar mecanismos de inclusión previsional en el marco de un mercado de trabajo formal deteriorado. La garantía de estos derechos chocha con los límites fiscales que impone el “Programa de Facilidades Extendidas” firmada con el FMI, lo que más temprano que tarde impondrá la necesidad de revisión de dicho acuerdo.
Las visiones contrapuestas en torno a lo previsional quedaron evidenciadas en el marco de la discusión legislativa por el proyecto de Ley de “Plan de Pago de Deuda Previsional”, que logró ser finalmente aprobado a pesar del bloqueo de la oposición.
En un segundo apartado, se analiza la evolución de los principales indicadores previsionales de nuestro país con el fin de identificar los cambios de tendencia entre los ciclos kirchneristas, el gobierno de Cambiemos y la gestión actual del Frente de Todos.
La definición de los principios estructurantes del sistema previsional está estrechamente vinculado al modo en que se ha ido resolviendo, a lo largo de las últimas décadas, la disputa entre proyectos diametralmente opuestos en su forma de definir el eje vector del crecimiento económico, la distribución del excedente y la forma de Estado. De este modo, los desafíos actuales a los que enfrenta el Frente de Todos en términos previsionales no pueden estar escindidos de las definiciones más generales acerca del rumbo que asumirá el gobierno ante una coyuntura por demás compleja.
Las situaciones de precariedad e informalidad laboral existentes ponen en evidencia las limitaciones del modelo contributivo. Para tener una dimensión del problema, en la actualidad el 53% de los jubilados y pensionados totales ha logrado ingresar al SIPA mediante las distintas moratorias. Hoy solo 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones en edad de jubilarse no alcanzan los 30 años de aportes, por lo que dependen de la existencia de moratorias para ingresar al SIPA o terminan “cayendo” en la PUAM, que otorga sólo un 80% del haber mínimo y menores derechos. Según la ANSES, el futuro Plan de Pago de Deuda Previsional permitirá que este año puedan jubilarse alrededor de 800 mil personas.
La expansión del empleo formal a través de políticas productivas y desarrollo del mercado interno resulta clave tanto para garantizar la cobertura y mejora de la calidad de las prestaciones, como para sostener la sustentabilidad del sistema previsional. A la par, es preciso generar mecanismos redistributivos que permitan ampliar los recursos del SIPA, como por ejemplo revertir la reducción de las alícuotas de las contribuciones patronales pergeñada durante los ‘90 y levemente revertida en el 2001/2002. Está sobradamente demostrado en nuestra historia que la política de reducción de aportes patronales de ningún modo favorece la registración laboral y menos la creación de empleos genuinos.