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LA DISCAPACIDAD NO ES UN NEGOCIO, ES UN DERECHO
Una vez más, la corrupción y el desprecio por las personas con discapacidad salen a la luz. Según las denuncias difundidas por Tele 9, la ANDIS ha estado derivando millones de pesos a clínicas privadas —entre ellas del Hospital Italiano, clínicas privadas de La Rioja y de Córdoba y otras de los mismos negocios familiares — mientras miles de familias con discapacidad no reciben las pensiones, los apoyos ni las prestaciones básicas que les corresponden por ley.
Es indignante y vergonzoso ver cómo el dinero destinado a la inclusión y la vida digna termina en negocios turbios, algunos incluso a nombre de clínicas inexistentes. Mientras tanto, las personas con discapacidad pasan hambre, las mamás se desesperan para pagar terapias, y los trabajadores de los talleres protegidos siguen sin los recursos mínimos.
Y todo esto ocurre bajo la gestión de Lule Menem y el Gobierno de Javier Milei, que hablan de déficit fiscal mientras ellos mismos vacían el Estado y hacen tambalear la economía del pueblo. No hay plata para los medicamentos, ni para los cuidadores, ni para las prestaciones básicas, pero sí hay plata para engordar los bolsillos de los amigos del poder.
Desde la CTA-T y la Secretaría Nacional de Discapacidad repudiamos con toda firmeza este acto de corrupción y exigimos:
Una investigación inmediata y transparente.
La restitución de los fondos desviados.
Que se garantice el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir con dignidad.
Porque la discapacidad no es un negocio, es un derecho.
Y porque la lealtad es con el pueblo, no con los corruptos.
