Evo Morales fue el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el primer presidente indígena de la historia del país. Su gobierno impulsó profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que ampliaron derechos para las mayorías populares, los pueblos indígenas y los sectores históricamente postergados, constituyéndose en una referencia para los procesos de integración y emancipación de Nuestra América.

La utilización del aparato judicial para criminalizar a dirigentes políticos y sociales constituye una grave amenaza para el Estado de derecho. Las acusaciones formuladas contra Evo Morales constituyen una herramienta de persecución política.

Las CTA advertimos con preocupación la persistencia de prácticas de lawfare y de criminalización de la protesta social contra dirigentes populares en distintos países de la región. La judicialización de la política y el intento de proscribir liderazgos con amplio respaldo popular debilitan la democracia, afectan la voluntad soberana de los pueblos y ponen en riesgo la paz social.

Expresamos de manera categórica nuestra solidaridad con Evo Morales y con las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares de Bolivia que defienden la soberanía popular. Asimismo, exigimos el cese de toda forma de persecución política y judicial destinada a restringir la participación democrática y los derechos fundamentales.

Convocamos al movimiento sindical internacional, a los organismos de derechos humanos y a las fuerzas democráticas de la región a mantenerse alertas y a pronunciarse ante este atropello.

Reafirmamos nuestro compromiso con la integración latinoamericana y el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino.