El juicio tiene una enorme importancia para el movimiento obrero porque no se trata solamente de reconstruir la historia de tres compañeros desaparecidos. Se trata también de investigar la responsabilidad que pudieron haber tenido integrantes de la estructura empresarial en la persecución de trabajadores organizados sindicalmente. La investigación identificó al menos 26 víctimas vinculadas con la planta de Avellaneda y fue sostenida durante años por familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre ellas la Federación Aceitera y el SOEIA, que son querellantes en el proceso.

Hablar de Molinos es, entonces, hablar de Memoria, Verdad y Justicia, pero también de la historia de la clase trabajadora argentina. La dictadura no solamente desapareció personas: buscó destruir la organización colectiva, disciplinar a los trabajadores y modificar profundamente la relación de fuerzas existente entre el trabajo y el capital. La política económica impulsada desde 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz formó parte de ese proceso de transformación estructural. La represión, la persecución sindical y las reformas económicas fueron dimensiones diferentes, pero relacionadas, de un mismo proyecto de reorganización social.

Cincuenta años después, las formas son otras, porque vivimos en democracia, pero resulta necesario mirar la historia para reconocer determinadas continuidades. El gobierno de Javier Milei impulsa una profunda transformación de las relaciones laborales, que incluye modificaciones en la negociación colectiva, las indemnizaciones, las jornadas de trabajo y otros derechos conquistados históricamente por el movimiento obrero. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales vienen denunciando distintas formas de debilitamiento de la capacidad colectiva de los trabajadores y restricciones al ejercicio de la protesta.

La comparación no significa equiparar democracia con dictadura, ni desconocer las diferencias fundamentales entre ambos períodos. No hay equivalencia entre una política económica aplicada bajo el terrorismo de Estado y una política implementada dentro de las instituciones democráticas. Pero la memoria histórica nos permite advertir que los derechos laborales nunca fueron concesiones gratuitas: fueron conquistas obtenidas mediante organización, solidaridad y lucha.

Por eso también resulta necesario defender el derecho a la protesta y a la organización sindical. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la protesta social es un derecho fundamental en una sociedad democrática y que sus restricciones deben ser excepcionales, necesarias y proporcionales. Cuando se intenta presentar la organización sindical como un obstáculo, la huelga como una amenaza o la protesta como un delito, se pone en discusión una herramienta fundamental de los trabajadores para defender sus derechos.

La causa Molinos nos recuerda hasta dónde puede llegar un proyecto de disciplinamiento de la clase trabajadora cuando se destruyen sus herramientas de organización y se persigue a quienes las ejercen. Por eso este juicio también interpela al presente.

Memoria, para recordar a los compañeros que fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos.
Verdad, para conocer toda la trama de responsabilidades empresariales, militares y civiles que hizo posible aquella represión.
Justicia, para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y para reafirmar que nunca más la organización de los trabajadores puede ser motivo de persecución.