Se cumple un año del atentado político más grave de estas cuatro décadas de democracia ininterrumpida iniciadas en 1983.

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que no terminó en su muerte por la ínfima casualidad de una falla mecánica del arma, de haberse consumado, hubiera puesto a nuestro país en una situación impredecible.

Sin embargo, una parte importante de la dirigencia opositora no parece mostrar signos de comprensión cabal de lo ocurrido y sigue intentando romper el piso del acuerdo democrático que impidió la utilización de la violencia para imponerse sobre la vida del que piensa distinto.

A un año de ese gatillazo fallido contra la democracia se hace necesario reconocer las causas que llevaron al intento de matar a Cristina. El resultado de más de diez años de violencia simbólica no es inocuo. La estigmatización a través de los más poderosos medios de comunicación y la utilización de las redes sociales como canales dinámicos para la circulación discursiva del odio no fueron gratis. Aún así, la violencia simbólica no lo explica todo. Esa inoculación cotidiana de bronca y resentimiento debió ser combinada sistemáticamente con los resortes de un aparato judicial que, apalancado en la culpabilización mediática, la refrendara en los tribunales. Se trata de los mismos actores del poder judicial que se mostraron al desnudo armando causas contra dirigentes opositores junto a funcionarios macristas y agentes de inteligencia en la denominada Gestapo Sindical. Y son los mismos jueces que hoy precisamente acaban de barrer toda esa podredumbre bajo la alfombra.

Por eso, en la causa del intento de magnicidio se está utilizando el mismo mecanismo: se busca encubrir a sus responsables políticos, para que todo quede en una penumbra nublada por la tesis de los loquitos sueltos.

Los trabajadores y las trabajadoras tenemos claro que no hay loquitos sueltos detrás del ataque a Cristina porque tras las bambalinas del odio están los verdaderos dueños del poder. Hablamos de los propietarios de las marionetas, que no son otros que los sectores dominantes en su afán por preservar sus privilegios. No fueron loquitos sueltos ni los que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, ni los que proscribieron durante 17 años al peronismo. Tampoco son loquitos sueltos los que hoy pretenden denodadamente sacar de la cancha a Cristina con una persecución judicial que, como sucedió en Brasil con Lula, tuvo siempre como principal objetivo su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

No hay locura ni casualidad. Es el castigo de los grupos dominantes hacia quienes fueron capaces de devolver derechos a los sectores populares. La restitución del derecho a la jubilación de millones que habían sido estafados por la AFJP, la reestatización de las empresas públicas, como es el caso de YPF que hoy permite la soberanía energética, la distribución de la renta entre capital y trabajo como sólo se había podido hacer durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, entre otras políticas públicas son hechos que los poderes fácticos no le perdonan a Cristina.

Este aniversario nos encuentra en un momento en que el voto popular tiene que decidir qué Argentina surgirá de la compulsa electoral. Ir a votar para que gane Unión por la Patria es nuestra oportunidad como pueblo para que esa Argentina no sea la de la persecución política, la del intento de asesinato a los líderes populares, la de los ataques a quienes luchan por los derechos humanos y sociales. Con nuestro voto, pero también con nuestra movilización en las calles podremos impedir que los que pretenden arrinconar nuestra democracia con golpes de mercado, la colonización del poder judicial y los discursos de odio levanten la espiral del caos para golpear a la sociedad con las recetas de la miseria planificada.

Enrique Rositto
Secretario de Comunicación

Hugo Yasky
Secretario General

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